(Artículo publicado en el diario "La Nación" de Argentina, como Editorial del Sábado 8 de Enero del 2005)

La contribución de las ONG. Su creciente protagonismo vuelve imprescindible que el país cuente con un adecuado marco legal y fiscal que promueva el crecimiento de este sector fundamental en la recuperación del país

En innumerables ocasiones, se ha destacado el invalorable trabajo realizado por las organizaciones no gubernamentales de la Argentina. Este extraordinario movimiento solidario que comenzó a cobrar más fuerza a medida que el país se iba sumiendo en una profunda crisis -con un 60 por ciento de la población por debajo de la línea de pobreza y la clase media casi destruida- ha asombrado a muchos especialistas en economía, porque recorre por igual todos los estratos sociales y todas las edades.

Una encuesta de Gallup demostró que el número de personas que realizan trabajos voluntarios en la Argentina ha ido aumentando rápidamente: pasó del 20% de la población en 1997 al 26% en 2000, al 32% en 2001 y sigue en ascenso. Otro dato igualmente representativo es que las principales organizaciones de bien público han duplicado su voluntariado en los últimos cinco años. Y esto sin contar a todos aquellos conciudadanos que están ayudando a otros argentinos fuera de cualquier marco organizacional, en una relación directa, cara a cara y día tras día con ellos, como por ejemplo en comedores populares, clubes barriales o pequeñas y espontáneas reuniones de vecinos, amigos, iglesias, colegios y universidades.

A lo anterior se agrega ahora el resultado del estudio impulsado por la Red Interamericana para la Democracia (RID), el Grupo de Análisis y Desarrollo Institucional y Social (GADIS)  y la Asociación Conciencia -que construyó el Índice de Participación Ciudadana (IPC) en siete países de América latina-, según el cual casi cuatro millones de personas participan de alguna forma en organizaciones de la red civil, es decir, el 11 por ciento de los argentinos. El hecho es incontrastable y bienvenido. Según proyecciones autorizadas, en el año 2015, el sector social movilizará en el mundo más de diez billones de dólares. En nuestro país, aunque no hay estadísticas precisas, es probable que el fenómeno sea proporcionalmente igual de importante.

Como lo ha expresado más de una vez un reconocido experto en la materia, el doctor Bernardo Kliksberg, la Argentina es una sociedad civil pobre en recursos, pero con un capital social de muy importantes potencialidades, que puede ser un apoyo formidable a la hora de diseñar las políticas públicas encargadas de dar solución a las agudas carencias de la mayoría de los argentinos. Porque, como también señala Kliksberg, "la combinación entre políticas económicas y sociales renovadas y un capital social movilizado puede abrir círculos virtuosos de crecimiento, desarrollo y equidad social".

El hecho de que en su momento el Banco Mundial y el BID encomendaran al Foro del Sector Social -un consorcio formado ad hoc por decenas de ONG- el seguimiento y la evaluación de diez programas de asistencia social financiados mediante créditos otorgados por esas entidades, constituye un ejemplo significativo de la contribución que este sector puede hacer en el diseño, la gestión, el monitoreo y la evaluación de las políticas y los programas públicos. Su creciente protagonismo vuelve imprescindible, entonces, que la Argentina cuente con un adecuado marco legal y fiscal que promueva el crecimiento de este sector fundamental en la recuperación del país.